Lunes, 10 Diciembre, 2018

TSJ reconfirmó designación de 33 magistrados

La diputada Delsa Solórzano La diputada Delsa Solórzano
Eleena Tovar | 16 Junio, 2017, 01:39

"Prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional", explicó.

La fiscal se ha distanciado del Gobierno en los últimos meses al denunciar la ruptura del hilo constitucional por parte del Supremo y, luego, al rechazar la intención del jefe de Estado, Nicolás Maduro, de cambiar el ordenamiento jurídico.

A través de un documento, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el pedido de la titular del Ministerio Público y señaló que podría aplicar la sentencia N°614, que impide a la Asamblea Nacional pedir la remoción de los magistrados.

La fiscal pidió a los jueces señalados inhibirse de conocer su solicitud de antejuicio y solicitó la separación inmediata de sus cargos, al advertir que "corre peligro la Nación".

A juicio de la fiscal, la Sala Constitucional ha venido actuando con una "política reiterada" en contra de la Cámara.

Con esto el TSJ se refiere a los pasos establecidos en la ley para destituir a un magistrado de la Sala, que requiere de la "calificación de falta" por parte del Consejo Moral Republicano -el órgano del Poder Ciudadano que agrupa a la Fiscalía, la Contraloría, y la Defensoría del Pueblo-, ante el Parlamento, un poder cuyos actos también han sido declarados por el Supremo como "nulos".

Por estas mismas sentencias del Supremo, y luego por la convocatoria a la Constituyente, la oposición inició una agenda de protestas desde el pasado 1 de abril. Al frente de este organismo está Tarek William Saab, viejo militante del PSUV.

Criticó que el gobierno impidiera con la colocación de "tanquetas" en los alrededores del TSJ que ciudadanos se sumaran a un recurso que presentó contra la Constituyente y que fue rechazado por la Sala Electoral del TSJ. Además consideró algo beneficioso para la democracia ante los señalamientos de que en el país existe una disolución de los poderes públicos, una tiranía o una dictadura donde no existen instituciones.

La fiscal ha reiterado que la acción penal es una competencia exclusiva de su despacho y, con base en ello, ha desmentido versiones del Ejecutivo sobre algunos hechos violentos suscitados en medio de la crispación social del país.

Desde entonces, el abismo entre Ortega Díaz y el gobierno ha crecido. Pedro Carreño, uno de los voceros parlamentarios del oficialismo y mano derecha del radical Diosdado Cabello, instó al alto tribunal a que conforme una junta médica que ratifique la supuesta insania mental de la "fiscal traidora".