Martes, 20 Noviembre, 2018

Sangría bursátil en la banca española tras la sentencia del Tribunal Supremo

Vista de la fachada del Tribunal Supremo Vista de la fachada del Tribunal Supremo. Europa Press
Manuel Armenta | 18 Octubre, 2018, 15:35

En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.

Hasta ahora, cuando un cliente escrituraba una hipoteca ante notario, pagaba el llamado impuesto sobre actos jurídicos documentados. Ahora concluye que ha de ser la entidad prestamista, es decir, el banco y no el cliente, la que debe hacerse cargo y abonar el impuesto.

A pesar de que la sentencia se centra en un caso concreto de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid, el alcance es mayor si tenemos en cuenta que lo que hace el Supremo es anular el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Tiene en cuenta, para ello, que el negocio inscribible es la hipoteca y que el único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el prestamista, "que solo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca". Es decir, para una hipoteca media concedida en España, de 120.000 euros, oscilaría entre los 600 y los 1.800 euros.

Se trata del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), que comportaría que los bancos tengan que devolver unos 1.500 millones de euros, teniendo en cuenta los 150.000 millones de hipotecas firmadas desde el año 2014.

La sentencia no se pronuncia sobre la retroactividad y esa incertidumbre se traduce en la Bolsa, donde los bancos sufren importantes caídas. El alcance de la sentencia del alto tribunal, que sienta jurisprudencia, se podrá reclamar mientras el acto administrativo sobre el que se grava no haya prescrito, esto es durante últimos cuatro años siguientes a la formalización del crédito, según fuentes jurídicas y fiscales consultadas.

El fallo ha contado con el voto particular del magistrado Dimitry Berberoff, que era partidario de mantener la jurisprudencia anterior, que establecía que era el cliente y no el banco el que debía hacer frente al impuesto.