Miércoles , 12 noviembre 2014

Agua en España: un modelo agotado

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Un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC), alerta sobre la necesidad de implantar un nuevo marco legal y regulatorio ante la baja de inversiones, la escasa recuperación de costos y el déficit medioambiental que se presenta en el sector del agua y saneamiento de España

El sector del agua en España se encuentra en una encrucijada, con un modelo que presenta síntomas de agotamiento. El bien es cada vez más escaso: Las inversiones en los sistemas operadores de agua cayeron un 19% entre 2007 y 2010, y previsiblemente siguieron bajando en los años siguientes; y las pérdidas por agua se han incrementado del 24 al 25,9% en el mismo periodo. Las tarifas no cubren los costos de operación y mantenimiento. España es uno de los países Europeos con las tarifas más bajas, adicionalmente, no existe una unidad de mercado. Cada municipio o agrupación de municipios fija su propia tarifa, con su propio criterio, lo que lleva a una gran diferencia de precios y cada comunidad autónoma tiene su propio criterio respecto de la tarifa que aplica.

Por último, España no está cumpliendo con la legislación europea en materia de saneamiento. Sólo el 32% de los municipios mayores de 10.000 habitantes cuenta con las infraestructuras que exige la UE. Y el actual ritmo de inversiones no alcanza para atender el problema.

Este es el diagnóstico que ofrece la consultora PwC en el informe La gestión del agua en España, análisis de la situación actual y retos futuros, patrocinado por Acciona. En él no sólo se detallan los déficits del sector, sino que se expone una hoja de ruta para reformar un modelo que mueve 12.800 millones de euros al año. La solución se plantea desde un nuevo marco regulatorio que permita la atracción de inversiones, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión.

Se trata, en esencia, de hacer más claro el sistema. Y para ello PwC parte de la necesidad de implantar una “metodología nacional de cumplimiento obligatorio para el cálculo de las tarifas urbanas“. Para su correcta implantación, el informe apuesta por incentivos económicos a los municipios que la apliquen; por una definición clara de competencias que promueva Organismos Intermunicipales, ya que las economías de escala conducen a una mayor eficiencia; por incrementar las competencias de las comisiones de precios de las autonomías, para que se conviertan en organismos controladores y no sólo se limiten a un papel verificador; y por la separación “jurídica, funcional y contable” de las sociedades que gestionan el agua si éstas se dedican a distintas actividades, como distribución o saneamiento. Así se evitarían “subsidios cruzados” y además se tendría la seguridad de que los recursos obtenidos se destinen al fin prefijado.

La unidad de mercado implica, necesariamente, la creación de un nuevo organismo que se encargue de implantar la nueva metodología y ejerza funciones de árbitro, del mismo modo que sucede en el sector de la energía o en el de las telecomunicaciones. El informe considera “conveniente” que esta nueva institución pueda, también, imponer sanciones por el incumplimiento de la metodología.

PwC también apunta hacia el incremento de los esquemas de participación público-privada como pilar de este nuevo modelo, con ello, argumenta PwC se reduciría el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas y se elevará la eficiencia.

El informe estima que “la introducción de un marco estable y predecible” elevará las inversiones hasta 2020 en 15.700 millones de euros, 13.700 para saneamiento y 2.000 para el abastecimiento. Ello generaría un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de 12.600 millones de euros, con repercusión sobre todo en la construcción (2.900 millones) y en la fabricación de maquinaria y equipo mecánico (2.600 millones). Se crearían, además, 23.700 empleos (también, sobre todo, en construcción y fabricación de maquinaria) y la recaudación fiscal se situaría en 6.900 millones.

Como consecuencia de las inversiones, afirma PwC, disminuirían las pérdidas de agua y el servicio tendría un menor costo, lo que redundaría en un importante ahorro. Además, la nueva metodología debe acercar el precio para el consumidor al costo real del abastecimiento, dado que se trata de un “bien económico escaso de creciente valor“. El estudio señala, en concreto, que “los precios deben ser una señal del costo real en que se incurre para proveer de agua a los consumidores”, sin que esto impida “estructurar las tarifas de manera que los usuarios con menor poder adquisitivo tengan acceso al servicio”.

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