El Derecho Humano al Agua

Suministro mínimo garantizado para personas en condición de pobreza..

Ahora que nos encontramos próximos a garantizar el acceso al agua como un derecho fundamental a través de la Ley General de Agua y Saneamiento, reglamentaria del artículo 4° Constitucional, encontramos un interesante planteamiento que hace el vicepresidente de la Junta de Aguas de Andalucía, Diego Valderas, asegurando que esa ciudad española será la primera comunidad en su país en contar con “medidas legislativas” para “garantizar suministros mínimos vitales de agua “para aquellos usuarios que perciban el salario mínimo”.
Según ha detallado, estas “medidas legislativas” figuran en una propuesta de decreto-ley elaborada por un grupo de profesores. Ha indicado que se garantice por ley a aquellos usuarios del servicio de agua que reciban el salario mínimo “el establecimiento gratuito de al menos 100 litros de agua potable al día”, lo que supone un consumo de 3.000 litros al mes.
Gracias a estos tres metros cúbicos de agua potable garantizados mediante decreto-ley se superará el marco mínimo establecido por las Observaciones Generales de los organismos de Naciones Unidas que cifran la cantidad en 50 litros por persona al día, dando cumplimiento al derecho de acceso al agua potable y saneamiento en esta Comunidad. Representan un total de 54.181 andaluces.

Preguntado sobre el presupuesto con el que contaría esta iniciativa, el dirigente de izquierdas ha indicado que se harían necesarios 20 millones de euros. Para obtenerlos, según ha precisado, habría “dos caminos” posibles, el fondo de solidaridad de la Junta o imponer un nuevo espacio a la fiscalización. Ambos se están estudiando en estos momentos dado que la elaboración del decreto aún no ha sido terminada.
Bien cabria entonces que bajo el modelo de prestación del servicio de agua que a través de Organismos Operadores tenemos en México, dada la precaria situación económica de éstos, sea creado el “Fondo Nacional para Garantizar Suministro Mínimo a Familias en Condición de Pobreza Extrema”. Bien podría también ser, en nuestro caso, que los ayuntamientos sean quienes lo operen, mediante un subsidio proveniente, entre otros, de sus participaciones, o bien de un nuevo impuesto, o también, por qué no, que sea la propia Comisión Nacional del Agua aplicando parte de los derechos de agua que recauda, o lo que es lo mismo: lo del agua, al agua.