HERMOSILLO, Sonora.- La Comisión Presidencial para la Atención Inmediata y Permanente de los daños generados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, levantó al ciento por ciento la restricción para los pozos de agua de consumo humano, producción ganadera y agrícola.
Como se recordará el pasado 6 de agosto, la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, derramó el sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, recorriendo aguas abajo 260 kilómetros para alojarse en la presa El Molinito que abastece a una parte de la población de Hermosillo. Alrededor de 25 mil habitantes de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, resultaron afectados.
Se anunció en su momento que cada una de las amas de casa recibirá un pago por 15 mil 350 pesos, luego de que se registren en el organismo operador de agua de su municipio, como pago por “acarreo” y potabilización del agua en sus domicilios. En tanto los pobladores exigen el pago de un millón de pesos por habitante y seguro de vida.
Anunciaron también que con el levantamiento a la restricción de los 31 pozos para abastecer de agua potable a toda la población afectada, se garantiza al ciento por ciento el suministro a los habitantes de la cuenca. No obstante, los afectados del río Sonora sólo han dejado operar cuatro, ya que dudan de si son aptos para consumo humano.
En cuanto al seguimiento de atención a la salud, destacaron la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, que dará atención por 15 años a las personas que resulten afectadas.
Según dictamen de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, suman 36 personas afectadas en su salud, y durante la última semana se registraron 10 casos, razón por la cual aún no se pueden bañar en las aguas de los afluentes.
En la ciudad de México, el subprocurador de Inspección Industrial, Arturo Rodríguez, dijo que la clausura a la minera Buenavista del Cobre “va a permanecer hasta que a través del fideicomiso se hayan reparado todos los daños”.
Aún falta por presentar el Estudio de Caracterización para cumplir con las medidas de aplicación urgente ordenadas por la Profepa, el cual será entregado el próximo 27 de octubre, estimó.