Confía CMIC en una pronta aprobación de la ley de Obra Pública

MÉXICO, D.F.- El proyecto de iniciativa de la nueva Ley de Obra Pública ha sido prácticamente palomeado por el Poder Ejecutivo, toda vez que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y los constructores del país, afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), tienen la seguridad de que hacia la última semana de noviembre el Congreso aprobará ese nuevo marco jurídico, adelantó Luis Zárate Rocha, presidente nacional de la CMIC.

Dijo que el proyecto de ley  ya fue revisada  por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por la Procuraduría Fiscal, por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por la Comisión Nacional del Agua (CONAGU), por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). En este momento ya está transitando de la SCHP a la Consejería Jurídica de la Presidencia para determinar cuál es el siguiente paso y tenemos la esperanza de que durante la última semana de noviembre pase al Congreso y se apruebe”.

Explicó que los constructores, con base en pláticas que han sostenido con los legisladores, consideran que “es una ley que debe transitar sin mayor problema”, dado que beneficia al país pues no es de alto contenido político. “Es una ley puramente técnica y yo le puedo informar que estamos muy ciertos que a finales de noviembre tendremos nueva ley”.

Con la nueva ley que busca que se definan y agrupen los diferentes elementos técnicos que deben conformar al “proyecto ejecutivo”, dando la posibilidad a las dependencias y entidades de contratar mediante “adjudicación directa”.

Entre las modificaciones propuestas a la ley destaca la importancia de que todas las licitaciones públicas se realicen por medios electrónicos (Compranet) y que el factor de “Responsabilidad Social” sea considerado como un componente en la evaluación por puntos y porcentajes para definir a los ganadores de las licitaciones. En la propuesta se incorpora la figura de Gerencia de Proyectos y se busca el aseguramiento de las obras recepcionadas parcialmente, como una obligación a cargo de las dependencias y entidades y se detalla el proceso a seguir para la celebración de la junta de aclaraciones.