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MEXICALI, BCN.- El pleno del Congreso del Estado rechazó las cuentas públicas de ingresos, egresos, patrimonio y deuda pública a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) correspondientes al ejercicio 2012, por haber detectado irregularidades en el manejo de la paraestatal.
Al darse a conocer el sentido del dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización del Gasto Público de la XXI Legislatura Local, mediante el que se resuelve enviar el caso para su investigación y emprender las acciones legales que corresponda en un plazo no mayor de 60 días ante la Contraloría del Estado, diputados de distintos grupos parlamentarios exigieron que se actúe “con todo el peso de la ley” contra quien o quienes resulten responsables en este caso.
El tema fue abordado al presentarse el dictamen 87 de la citada comisión, durante la sesión ordinaria de pleno que se realizó bajo la conducción del diputado René Adrián Mendívil Acosta, presidente de la mesa directiva, con el que se negaba la aprobación de la totalidad de las cuentas públicas de la CESPE por el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012. El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
Entre las irregularidades descubiertas en la revisión de las cuentas públicas figuran incluso cobros indebidos a usuarios por concepto de recargos y en la aplicación de la tarifa especial para pensionados y jubilados, a los que se hicieron cobros que se excedieron en casi 2 millones de pesos durante el mencionado período. También cobró el IVA indebidamente a usuarios rezagados bajo el concepto de suspensión y normalización de servicios.
De acuerdo con el resolutivo del dictamen presentado por la citada comisión legislativa que preside el diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, no se aprueba la cuenta pública de ingresos, la de egresos, la patrimonial y la de deuda pública de la Cespe, debido a que la entidad presenta en sus registros contables, al 31 de diciembre de 2012, en la cuenta deudores por servicios de agua, subcuenta “rezagos” que provienen de los ejercicios de 1992 a 2011 y saldos vencidos por el periodo de enero a noviembre de 2012, por un importe de 243 millones 226 mil pesos.
De estos, subraya el documento, 34 millones 609 mil pesos corresponden al gobierno del Estado, 8 millones 218 mil al gobierno federal, 35 millones 727 mil al gobierno municipal de Ensenada, 130 millones 530 mil por servicio doméstico medido, 29 millones 460 mil por servicio comercial medido y 4 millones 679 mil de servicio industria.
A esa misma fecha, presenta saldos con “rezagos” en la cuenta deudores por obra, tomas, descargas y medidores, que ascienden a la cantidad de 64 millones de pesos.
Otra irregularidad grave fue el contrato celebrado el 9 de Febrero del 2012 por dicha entidad para suministro, supervisión de Instalación y puesta en marcha de deshidratado de lodos para una planta de tratamiento de aguas residuales con sistema de lodos activados, con la empresa denominada Laval Tijuana, S. A. de C. V., por un monto de 4 millones 024,428 pesos con IVA incluido, y que no obstante que en una de sus cláusulas se establecía, su instalación no fue concretada y el equipo permanece en almacenes.
Aunado a ello, la CESPE celebró tres convenios para la prórroga de financiamiento temporal con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, el 3 de enero del 2012, por un monto total de 70 millones 050 mil pesos, pero que incumplió en el pago de los mismos dentro del plazo del 31 de diciembre de ese año.
También el organismo del agua de Ensenada incurrió en otras irregularidades en la adquisición de un crédito revolvente con el banco HSBC, con el que incluso superó el importe total del presupuesto que tenía asignado para ese año, quebrantando la Ley de Deuda Pública del Estado, además de que en el 2012 incumplió en el pago de dichos créditos en un monto por 8 millones 019 mil pesos.
La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso acumuló esas y otras irregularidades para emitir un dictamen desaprobatorio de la totalidad de las cuentas presentadas por la CESPE durante la gestión del ingeniero Salazar Cuevas, por lo que el expediente fue turnado a la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado (Contraloría), para que en un plazo no mayor de 60 días se apliquen las medidas correctivas que correspondan y se ejerciten las acciones legales que procedan en el caso para el resarcimiento del daño patrimonial que se hubiese ocasionado.
