GÓMEZ PALACIO, Durango.- El director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Guillermo Morales Aguilar, dijo que efectivamente gana más que el presidente municipal, José Miguel Campillo, pero porque está a cargo de dos direcciones, la del Sideapa en la zona urbana y Sideapaar, la del área rural.
Aseguró que la Junta Directiva del organismo es la que fija el tope salarial del director general a inicios de cada administración, aunque en su caso se acordó mantener el mismo sueldo que existe desde 2011, cuando aún estaba a cargo del Sideapa el actual presidente municipal.
Morales dijo que contrario a lo que ocurrió con el puesto de la dirección, el personal sí tuvo un aumento del diez por ciento en su percepción salarial el año pasado, mientras que los trabajadores sindicalizados obtuvieron el 7.5 por ciento de aumento en la revisión contractual.
El director del Sideapa aseguró que los más de 73 mil pesos que aparecen en el tabulador de sueldos del portal de Internet corresponden a las dos direcciones, un 60 por ciento por el cargo como director del sistema urbano y el 40 restante por el sistema rural.
Esta cifra sobrepasa a los 69 mil que el alcalde tiene establecido como límite superior, según el tabulador de sueldos de la presidencia municipal.
Por otra parte, negó que existan trabajadores o funcionarios del propio organismo que tengan un sueldo mayor al suyo, luego de que panistas aseguraron que hasta hace algunas semanas el director técnico aparecía con 80 mil pesos mensuales. Atribuyó esta situación a un error y aseguró que hasta el año pasado la persona que desempeña ese puesto ganaba 30 mil.
Oswaldo Santibáñez, regidor del PAN e integrante de la Junta Directiva del Sideapa, consideró que por este motivo la diferencia entre el sueldo del director del organismo y el alcalde contraviene las leyes “y si nos ponemos estrictos sería motivo suficiente para solicitar una sanción por parte de la Contraloría”.
El edil dijo que por este motivo se insiste en que se den a conocer las nóminas tanto del municipio como el organismo descentralizado, y no se considera un argumento válido el que por razones de seguridad no se esté informando a la ciudadanía de los sueldos que se cubren con los recursos públicos.