Fraccionadores provocan ‘mercado negro’ del agua

GUADALAJARA, Jalisco.- El titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, consideró necesario que la facultad de los Ayuntamientos para autorizar un complejo habitacional, sea replanteada desde los máximos órganos legislativos del país, pues aunque hay límites territoriales que les dan esa atribución, estas fronteras son sólo políticas y no necesariamente armonizan con el medio ambiente.
Frente a diputados federales en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (Cicej), explicó que al entregar cada vez más permisos de factibilidad de agua donde ésta no existe (es decir: que no es factible), están alentando un “mercado negro” del vital líquido que se basa en la compra ilegal de títulos de concesión por uso de agua a quienes cuentan con uno, pero no usan el total que les es permitido.
Luego de ventilar esta práctica ilegal, el funcionario federal instó a los representantes del Congreso de la Unión a legislar en ese sentido para evitar que haya explotación de líquido, ya que dijo que cuando (los ayuntamientos) otorgan la factibilidad (a los desarrolladores) para iniciar la construcción de fraccionamientos, no hay agua. Y si la Conagua no la tiene disponible, ¿de dónde le otorgan la factibilidad?, preguntó.
Desde su óptica, los permisos de factibilidad deben pasar no por el visto bueno del municipio, sino del organismo operador para que éste sea quien lo otorgue, pero con base en un estudio real de disponibilidad de líquido, o después de haber instalado la infraestructura necesaria. No antes.
En las condiciones actuales, señaló, cada fraccionamiento tiene una planta de tratamiento que después abandona. Y el poder jurisdiccional de autorización, sugiere, debería ser del Siapa (o el operador en cuestión) para que así se conectara no sólo a la red de distribución, sino a la de disposición y tratamiento de líquido.
Elías Chedid dijo a los legisladores que el nuevo esquema debe implementarse prioritariamente en las áreas metropolitanas del país, para avanzar en sistemas y esquemas constitucionalmente diferentes. Les aclaró que es un trabajo del Poder Legislativo, que tendría que ver la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.