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LÁZARO CÁRDENAS, Michoacán.- Por el desfalco de más de 18 millones de pesos en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas, (Capalac), la Auditoría Superior de Michoacán ordenó sanciones administrativas y jurídicas contra los responsables.
Lo anterior, una vez que concluyó el plazo para desvanecer las irregularidades detectadas en la auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2012, por lo que la ASM ordenó que se remitan los pliegos de presuntas responsabilidades y el expediente correspondiente a la Unidad General de Asuntos Jurídicos por las observaciones no solventadas.
Entre las irregularidades administrativas, señalan una y otra vez las deficiencias en el control interno respecto al registro del patrimonio del Capalac. Aunque parece inverosímil, existe omisión de registro contable de ingresos, además de la afectación al resultado presupuestal de ejercicios anteriores, responsabilidad que recae directamente contra el director del Capalac, Agustín Zapién Ramírez, como responsable del organismo operador de agua.
La ASM además señala al exalcalde Arquímides Oseguera Solorio; Omar Alejandro Soto Gil, extesorero municipal; Efraín Bustos Solano, excontralor municipal; Saúl Rodríguez Aburto; Sonia Ramírez Lombera, regidora municipal del PRD; Román Mendoza Valencia, exdirector del Capalac y Abraham Ceja Pérez.
Los señalados tendrán que presentarse el próximo 26 de noviembre en la dirección de responsabilidades de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la ASM para que por escrito se apersonen, exhiban pruebas y aleguen lo que a su interés convenga por su participación dentro de la dicha entidad paramunicipal.
Son 36 pliegos acusatorios: 14 administrativos y 22 económicos, estos últimos hacen un total de 18 millones 994 mil 806 pesos con 40 centavos, “aplicación de recursos carentes de documentación comprobatoria y falta de expediente técnico unitario de obra y sin realizarse el correcto registro contable”.
De las 36 observaciones, el común denominador son pagos sin justificación, le sigue el pago de prestaciones sin provisionarse y sin registrarse al gasto, así como el incumplimiento en las obligaciones fiscales del impuesto sobre la renta.
