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MÉXICO, D.F.- A dos años y ocho meses de que se reformó el artículo 4 de la Constitución para garantizar el derecho humano al agua, el gobierno federal delinea la nueva Ley General de Aguas con la que se dará sustento al decreto del 8 de febrero de 2012, el cual señala que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.
El proyecto de ley, presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), dejará sin efecto la actual Ley de Aguas Nacionales, ya que esta regulación que está vigente desde 1992, no reconoce el derecho humano al recurso hídrico, ni establece mecanismos entre las autoridades para cumplir con esta garantía.
El proyecto establece que es competencia del gobierno federal regular por cuenca y acuífero el uso de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, así como generar decretos de expropiación, ocupación temporal, total o parcial de los bienes, o su limitación de derechos de dominio.
El documento advierte que en la actualidad la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes se realiza mediante concesión o asignación que otorga la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que ha generado sobrerregulación y dispersión en el régimen jurídico aplicable en su otorgamiento, transmisión, prórroga y extinción.
Ante tal situación, la nueva legislación suprime los términos “explotación” y “aprovechamiento” así como la figura de la “asignación”, con el fin de homogeneizar conceptos, reglas y condiciones para el uso de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, y establece que el uso de las aguas se realiza mediante concesiones, incluso para el uso público urbano, que durarán entre cinco y 35 años.
Asimismo, se propone una política hídrica de conservación, que hace necesario que todos los usuarios de aguas nacionales se sujeten a criterios de eficiencia y sustentabilidad del recurso.
Para ello se integran disposiciones para la protección, mejoramiento, conservación, restauración de cuencas y acuíferos, que restringen el uso de las aguas nacionales, en caso de ser necesario, a través del establecimiento o modificación de vedas, reglamentos específicos o reservas de agua para la conservación ecológica.
Tras la modificación Constitucional de febrero de 2012, el Congreso de la Unión tuvo un plazo de 360 días para emitir la Ley General de Aguas, no obstante, fue hasta marzo pasado que el presidente, Enrique Peña Nieto, anunció la propuesta legislativa tras firmar el Programa Nacional Hídrico 2013-2018.
