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MONTERREY, N.L.- A pesar de que el ayuntamiento de Monterrey, tiene un adeudo superior a los 104 millones de pesos con Agua y Drenaje de Monterrey (AyDM); el diputado local por el PAN, Enrique Barrios Rodríguez, impulsa una reforma a la Ley de Agua Potable del Estado para obligar al Gobierno de Nuevo León a brindar el servicio de agua potable incluso a las cientos de colonias irregulares del estado.
El adeudo del municipio regiomontano con a AyDM quedó al descubierto, cuando el periódico Milenio Monterrey hizo pública una investigación en que demuestra que desde hace más de 3 años el ayuntamiento capitalino no paga por el consumo de agua potable.
El periódico Milenio Monterrey señala: “Información pública rastreada por este medio apunta a que la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes adeuda 104 millones 191 mil 79 pesos a la paraestatal, por recibos que van de uno a 37 meses de atraso.
La Ley de Agua Potable y Saneamiento prohíbe la eliminación del suministro, y sólo contempla una reducción luego de 3 meses de incumplimiento en el caso de usuarios domésticos.
La normativa tampoco contempla la cancelación del servicio a entidades con atención directa a la población, como escuelas, hospitales y los propios gobiernos, beneficio que cubre al ayuntamiento regiomontano.
Tal vez confiado en esto, el municipio tiene pagos pendientes desde hace tres años por el uso que le da al agua en el riego de plazas y jardines, el llenado de albercas públicas, además del consumo derivado del palacio de cristal y las oficinas externas del ayuntamiento.
Del monto total, 90 millones 280 mil 201 pesos corresponden a la deuda, y 13 millones 910 mil 878 pesos representan los recargos producto de la morosidad”.
Mientras tanto el legislador local panista, Enrique Barrios Rodríguez señaló que La bancada local del PAN propuso una reforma a la Ley de Agua Potable del Estado para obligar al Gobierno de Nuevo León a brindar el servicio de agua potable incluso a las cientos de colonias irregulares del estado.
El diputado del partido albiazul explicó que se presentó la reforma debido a que el derecho al agua potable está establecido y protegido desde la Constitución, y es una obligación del Estado brindar el servicio, aunque existen muchas familias en Nuevo León que no tienen a éste.
“Es así que, dado que el Estado debe garantizar el derecho al agua sin discriminación, garantizando que las personas que viven situación de vulnerabilidad puedan acceder en igualdad de condiciones, se considera adecuado proponer a esta soberanía hacer un agregado para que se otorguen facultades a Agua y Drenaje para establecer redes de abastecimiento de agua potable y drenaje sanitario a estas áreas”, añadió el legislador albiazul.
